Del nuevo ministro de defensa.
Los
actos de fe son cada vez más escasos, porque cada vez se cree menos. Y ello no
por un asunto de reflexiva y sana duda que nos conduzca a un racional contraste
de escenarios posibles, sino por el mal irremediable de la estrepitosa y
constante decepción que trae consigo cada nuevo escándalo. Ese es el manto que
abriga toda la institucionalidad estatal, y me aventuro a sostener eso de la
totalidad, porque ya ni la justicia ha quedado fuera de ello, y basta recordar
el cartel de la toga.
Hay quienes achacan este mal en
una herencia colonial que tuvo en la administración virreinal un ávido ejemplo
de corrupción y manejo amañado de las disposiciones de la corona a un número
determinado de intereses de élites locales, cuyos malos hábitos nunca fueron
enmendados, dado que la emancipación independentista tan sólo significó una
suerte de reemplazo de yugo por el de unas élites locales que no tuvieron muy
claro eso de la independencia y la democracia.
Otros, que no lo leen tan
atrás, asocian los fenómenos de corrupción al narcotráfico y la cantidad de
complejas redes que a su alrededor surgieron para permitirle movilidad y cierta
clandestinidad. Dinero fácil y abundante producto de los réditos de la
ilegalidad, y todas las ideas de rápido progreso económico visible a nivel
social con unos modelos difíciles de obviar: deportistas, cantantes,
periodistas, modelos, políticos y destacadas figuras que proyectan un mensaje
claro, aunque errado, sobre la pertinencia de lo ilegal como efectivo.
Tal vez una y otra se encuentran
y refuerzan: el imaginario del pillaje y la trampa colonial con el de la
cultura mafiosa y del facilismo amoral[1] con un atenuante: su
cristalización en el Estado. Ello como un proceso, infortunado, lento, de
permeabilidad selectiva, que incluyó políticos del nivel local, regional y
nacional, pero además se incubó en los entes de control de manera directa o
indirecta y consiguió tejer hilos muy sólidos con las fuerzas militares desde
los brazos armados del narcotráfico y los ejércitos del paramilitarismo. Este
es, definitivamente un escenario de alta complejidad por las alianzas, los
métodos, los actores y el alto grado de ilegalidad de todas las acciones.
Es
necesario destacar algo fundamental: que sean los agentes del Estado los que
cometan delitos es doblemente grave, puesto que representan la protección y el
cumplimiento de la ley. De manera algo simple pero certera: ¿Quién nos cuida de
los que nos cuidan?
Siendo
así, remitámonos directamente a las FFAA. Falsos positivos, corrupción,
alianzas y trabajos conjuntos con el paramilitarismo. El informe final de la
Comisión de La Verdad evidencia muchas realidades de la historia reciente del
conflicto colombiano y del ejército como un actor de primer orden en cuanto a
violación de DDHH se refiere. La retórica de las manzanas podridas no funciona
para explicar todo esto, porque además no es una actuación en solitario, sino
un engranaje sistemático que vincula al poder político de manera directa en
todas estas acciones. Es la doctrina, el enfoque, la orientación que se tiene de
las fuerzas militares en Colombia. Resulta evidente que ahí no existen héroes,
pero también lo es la imperiosa necesidad de una transformación que dialogue
con el cambio que propone el gobierno electo de Petro.
El
paulatino nombramiento de los ministros del gobierno entrante ha sido visto con
esperanza y cierto recelo ridiculizante por parte de la oposición, cuyos
baladíes argumentos alrededor de la edad de quienes ejercerán sólo evidencian
que no hay mayores argumentos de incompetencia. Sin embargo, el ministro de
defensa Velásquez sí ha despertado airadas y profundas reacciones que ponen en
tela de juicio su idoneidad, preparación académica y trayectoria pública.
Un
primer y necesario paso es un mea-culpa que incluya el reconocimiento institucional
de una crisis ética a todos los niveles y que conduzca a un necesario cambio de
orientación que sin duda debe ser conducida por la propensión natural a
proteger los DDHH como eje desde el que se construya y articule todo el
andamiaje de las armas en un Estado del siglo XXI. He ahí una parte necesaria
de los efectos que debe surtir la verdad y la reconciliación bajo el compromiso
de no repetición en la sociedad colombiana. Un compromiso entre la reorganizada
–ojalá- institucionalidad y la sociedad civil, esta última más abierta y
heterogénea, porque estos escenarios de reingeniería son actos de grandeza que
nos obligan a reformularnos para estar a la altura de los tiempos y las transformaciones
que son requeridas.
Así pues,
el nombramiento de Velásquez es sin duda el primer gran paso frente a un enorme
reto. En buena hora por la verdad y las responsabilidades de todos los actores, porque es necesario poder volver a creer.
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