¿Derechos humanos?
En un par de ocasiones he
sido invitado a espacios pedagógicos de queridos amigos a hablar de historia,
de derechos humanos, de la dignidad que debe representar pertenecer a la
especie, sustentada en condiciones básicas que desde los espacios de poder político
traducidos en gubernamentales se deben garantizar, proteger y, de no existir,
brindarlos.
Valía de la vida, en la vida
y por la vida no siempre ha sido o estado presente. Resulta más bien una
consideración novedosa, que ni siquiera ha cumplido un siglo de ser formalmente
proclamada. Los derechos humanos y su declaración son uno de los efectos de la
segunda guerra mundial, frente a la degradación a que se sometió la vida
humana, cristalizada de manera concreta y específica en las acciones nazis.
La tensión social vivida en Colombia
desde hace varias décadas apenas encuentra ahora un punto de explosión
expresado en las movilizaciones juveniles, en la protesta, en el reclamo de
reivindicaciones siempre aplazadas pero que generan la idea de resueltas
mediocremente, siendo a la postre una sumatoria de escándalos de corrupción por
detrimento de lo público. ¿Y Juan Pueblo? ¡Jodido! Como siempre. Pero cuando la
sociedad reclama la sensatez debería conducir a un diálogo político que
resuelva mediante la canalización de demandas y la toma de acciones efectivas y
concretas, el malestar social, partiendo de la premisa de un gobierno para
todos. Resulta que no es así, y los justos reclamos se tornan en molestia para
las nuevas gentes de bien. Se desvanece la invisibilidad de los pobres y los
marginados, como cuando los visitantes ilustres se van de Cartagena y retornan
a las calles sus habitantes no exhibibles. Eso no gusta. Tampoco el quedar en
evidencia ante el mundo y ante el país por incompetentes, corruptos, mafiosos;
y por ello se valen de la violencia, desde el Estado y, con apoyos paralelos.
Nos encontramos en un estado
de cosas tan denigrante frente a la dignidad humana que volvemos a ver, como en
los momentos esplendorosos de la seguridad
democrática partes de cadáveres bajando por los ríos, y cabezas sin cuerpo
apareciendo en bolsas plásticas en los pueblos y ciudades. En otros momentos de
la historia el mensaje del miedo se lograba empalando la cabeza de un revoltoso
en un sitio público, a forma de amenaza; ahora decapitan jóvenes y botan sus
cabezas a forma de mensaje, sin duda, potencialmente viral. La pregunta es ¿Se convertirá
en práctica sistemática frente al disenso juvenil? ¿Y el Estado colombiano qué
nivel de responsabilidad y acción tiene en estos fenómenos?
Esta mañana Andrés Idárraga,
Director de Derechos Humanos de la alcaldía de Bogotá, presentó su renuncia[1] y ratifica esa sensación
que flotaba en el aire respecto de la importancia real que el tema reviste para
la autoridad capitalina, y frente a la cual, básicamente, no quiere hacerse
cómplice.
Un camino de errores,
violencia, necedad y carencia de diálogo real y consensuado nos están
devolviendo en el tiempo a las prácticas paramilitares, y están aglutinando un
malestar mayor, fortalecen la espiral de muerte creciente y, bajo el argumento
de las nuevas gentes de bien, pretenden justificar las acciones criminales que
desde las fuerzas del Estado se han venido desarrollando, no para contener la
protesta social, sino para aniquilarla.
En ese escenario, el problema
dista de ser un uniforme nuevo. Las FFAA deben resocializarse, educarse y
modificar la doctrina. Los Derechos Humanos, que tantos les fastidian y por los
que acuden a sus amigos paramilitares, deben ser el eje fundamental articulador
de la construcción pedagógica de todas las fuerzas del país. La consideración
no puede ser la misma de las nuevas gentes de bien: unos derechos entre y para iguales. No pueden seguir existiendo
ciudadanos de primera y segunda categoría y menos si de preservar la vida y su
dignidad se trata.
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