¿El fin justifica los medios? ¿El fin no justifica los medios?

 

Competir es la regla en estos días. En todos los escenarios, aún los más cotidianos, existe una suerte de necesidad por ser no sólo el primero sino el mejor y más destacado, lo cual se mide de formas casi precisas, y tienden a generar imaginarios de éxito sustentados en eficiencia, eficacia y visibilidad concreta de todo ello.

Afanosamente el Estado ha buscado inscribirse en estos criterios, mostrándose como una empresa, y con cada gestión de las últimas décadas de gobernantes se ha profundizado un talante de manejo empresarial y tecnócrata en lo público, olvidando –infortunadamente, creo- que hay otras misiones en el quehacer estatal de orientación social y política que, sin rayar en la quiebra económica, si obligan a una mayor inversión que no permita alguna suerte de ganancia. Pero, el Estado no es una corporación ni mucho menos, así que ese tipo de premisas realmente sobran. Hay otras prioridades.

Pero los criterios asociados con el éxito también se asocian a los funcionarios. Empleados públicos que bajo el signo de la competitividad se encuentran en franca lid con sus compañeros frente a la perspectiva de un ascenso, una bonificación, un compensatorio, una medalla. La necesidad del reconocimiento público. Las fuerzas armadas también hacen parte del cuerpo de empleados públicos, bajo unas prerrogativas particulares sustentadas en el manejo de las armas, la violencia legítima estatal y la función social que debieran tener bajo el marco de sus actividades. Códigos de honor, tradición, virtud, y otra suerte de valores los rigen y han determinado históricamente su doctrina, marcando el derrotero de sus acciones a nivel interno y externo. Es pertinente destacar que esta doctrina también se define por influencias externas, convenciones interestatales, acuerdos, y a la vez por la situación interna del país, en donde es necesario señalar la existencia de un conflicto interno, narcotráfico, paramilitarismo, y todos los bemoles que de diversa forma han complejizado aún más un escenario de por sí difícil.

Sustentar una doctrina militar en el número de muertes que deje el bando contrario deja la importancia de la vida en un escenario secundario, porque la vuelve cuantificable, se transforma en un indicador, y su anulación sistemática, en el escenario de una guerra, en una señal positiva de éxito. Bajo la lógica de la competitividad, los triunfos deben ser estimulados, para mantener la moral de la tropa alta –según dicen-, y para indicar que ese es el camino correcto, invitando a otros al éxito. Ahí surge la pregunta que enmarca este texto y que hace imperativa la existencia de una ética frente a la vida y a la verdad.

La declaración de Juan Manuel Santos deja claro que hay muchas formas de apagar faroles. Las órdenes son dadas, de manera genérica, pero el método queda en los espacios del libre albedrío. ¿Inventiva? ¿Creatividad? ¿Necesidad de ascensos, condecoraciones y reconocimiento público? ¿Oídos sordos frente a la degradación más profunda del conflicto desde el Estado mismo?

La verdad del discurso, estoy seguro, está a medias. Creo que la de los documentos que recibió el padre De Roux dará más luces que la verbalizada, de manera no sólo sintética sino discreta frente a las acciones y reacciones de los actores que sustentaban no sólo la responsabilidad administrativa y de mando de la tropa, sino la responsabilidad política de los hechos denominados “falsos positivos”. Es imperativo reconstruir la verdad juntando todas las piezas del rompecabezas hechas relato y testimonio, y socializarla sin estigmas y profusamente bajo una pedagogía de la reconstrucción del tejido social.

El mea culpa espontáneo y voluntario es un primer paso para quien como ministro pudo hacer más por evitar esto. La necesidad va más allá de reformular la doctrina, porque son los mismos valores sobre los que se sustenta la educación de la sociedad los que se deben modificar. De lo contrario, en aras de destacar en la competencia sin duda pueden volver a matar.